Boletín: DCS/105/19/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 18 de junio de 2019    
   
  • Este derecho tiene gran trascendencia ya que permite a las víctimas y familiares conocer la verdad respecto a violaciones graves de derechos humanos, afirmó el Comisionado Ciudadano del INFO.
  • La Ley General de Archivos no desarrolló el tema del Derecho a la Verdad.


La armonización de las leyes locales con la Ley General de Archivos representa una oportunidad histórica para desarrollar y garantizar el derecho a la verdad en las entidades federativas y llevarlo a la normatividad federal, afirmó el Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Arístides Rodrigo Guerrero García.



Durante su participación en el Foro "Ley General de Archivos. Armonización e implementación", dijo que a pesar de que este tiene sus antecedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la indagatoria de diversos casos de violaciones graves, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ha desarrollado el tema, por lo que el gran reto para las entidades es servir como ejemplo para que una normatividad local se replique a nivel federal.



Guerrero García resaltó que el derecho a la verdad tiene gran trascendencia ya que, por un lado, garantiza a las víctimas y sus familiares conocer la verdad respecto de violaciones graves de derechos humanos, así como la identidad de quienes participaron en ellas, lo que impone a los Estados la obligación de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar.



En segundo lugar, agregó, permite a la sociedad en su conjunto no sólo conocer la verdad sobre lo ocurrido, sino también las razones y circunstancias en las se cometieron dichas violaciones, a fin de evitar que se repitan.



El Comisionado Ciudadano destacó que sólo dos Constituciones locales, la del Estado de Nuevo León y la de la Ciudad de México, abordan el tema del derecho a la verdad, lo que podría servir de parámetro para que sea replicado en otras entidades. “En lugar de copiar y pegar las disposiciones de la Ley General, que sea ésta la que introduzca las disposiciones de leyes locales. Ese es el gran reto de los gobierno estatales y de los órganos garantes, introducir nuevos derechos que están cien por ciento vinculados con el acceso a la información y a la justicia”, acotó.



Durante el panel "Archivos del Poder Judicial pieza clave para el acceso a la verdad", participaron también la Directora General del Archivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Diana Castañeda Ponce de León, así como la Directora General del Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, Anahí Juan Durán, quienes hablaron de los distintos procesos de adecuación y ajustes institucionales para cumplir con la Ley General de Archivos.



Coincidieron en que ambas instancias han llevado a cabo acciones para la mejor administración de los archivos. No obstante, implementar la nueva Ley General implica otros retos que van desde la capacitación de las personas servidoras públicas, hasta la adquisición de nuevas tecnologías y la edificación de nuevas instalaciones.



El panel fue moderado por el Director General del Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República, Juan Gerardo López Hernández.



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