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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

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Boletín: DCS/189/2021/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 22 de julio de 2021
  • • El Presidente del INFO CDMX participó en La 16 edición de la Cumbre de Gobierno y Tecnología: resiliencia digital” organizada por IDC Latinoamérica.
  • • Cuatro Organismos Estatales Garantes de Transparencia ya usan la aplicación desarrollada por el Instituto.


Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), informó que el instituto a su cargo suscribirá un convenio con el INAI para el uso de la aplicación que permite realizar solicitudes de información.



Al participar en el 16 aniversario de la creación del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Bonilla Gutiérrez también reiteró que esas instituciones pueden aportar, desde lo local, mejoras al ámbito nacional.

La APP INFO CDMX puede ser instalada en teléfonos inteligentes con sistema operativo Android. Hasta la fecha, ha sido descargada en mil 500 ocasiones y, por su conducto, se han enviado 42 mil avisos relacionados con la transparencia y el acceso a la información.

“Esta herramienta se desarrolló pensando en un mecanismo para reducir la brecha digital”, aseguró Bonilla Gutiérrez, durante la 16 edición de la Cumbre de Gobierno y Tecnología: resiliencia digital en el gobierno, organizada por IDC Latinoamérica.



La alianza con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), añadió, hará posible la fusión “de un espacio tecnológico a la altura del Estado mexicano”.



“En un mundo interconectado digitalmente, la democratización de la información y la expansión de sus alcances es fundamental para el desarrollo de los derechos humanos. Lograrlo pasa por la gestión que deben realizar las instituciones”, indicó.



Hasta ahora, el INFO CDMX ha firmado convenios de colaboración –para permitir el uso de la APP-- con los Organismos Garantes de Transparencia de Chiapas, Morelos, Durango y Tlaxcala.



Además, Bonilla Gutiérrez informó que otros 12 institutos locales de transparencia están interesados en emplearla.



“La cercanía entre personas e instituciones dota, a estas últimas, de legitimidad”, concluyó.

Boletín: DCS/188/2021/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 20 de julio de 2021
  • El Presidente del INFO CDMX participó en el foro “Justicia Penal y Medios de Comunicación”, organizado por el INACIPE.
  • Consideró que debe hacerse un análisis de cada caso para no vulnerar ninguno de los derechos en juego.


Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), aseguró que las libertades de expresión y de prensa tienen límites, si se trata de garantizar el derecho a la dignidad y a la intimidad de las víctimas.



“¿Es justificado limitar el derecho al acceso a la libertad de expresión de la prensa y el libre ejercicio de su profesión para salvaguardar, garantizar el derecho a la intimidad y a la dignidad de las víctimas y ofendidos por la comisión de un hecho constitutivo de delito? Sí.

“Es importante el papel que cumplen los organismos garantes en el avance y consolidación de la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y el combate a la corrupción en nuestro país”, puntualizó el también Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

“A mí me parece que esto marca con toda claridad uno de los casos de ponderación en materia de derechos humanos”, indicó durante su participación en el foro “Justicia Penal y Medios de Comunicación”, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).



Sin embargo, reconoció que debe analizarse caso por caso para evaluar correctamente cuál de los dos derechos debe prevalecer frente al otro.



También recordó que el acceso a la información pública tiene límites y uno de ellos es la clasificación de información contenida en investigaciones penales en curso.



Incluso, dijo, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece límites a las audiencias públicas que se realizan como parte de los juicios: la autoridad que las conduce puede generar restricciones de acceso y también para proteger la vida privada y los datos personales de quienes intervienen en el proceso.



Los participantes en las audiencias, añadió, deben manifestar si desean hacer públicos sus datos personales y, si acceden a ello, su publicidad se circunscribirá a la diligencia en la que están involucrados.



Además, las audiencias pueden ser parcialmente públicas o a puerta cerrada, cuando su publicidad pueda afectar el interés de un menor, un secreto fiscal, industrial, entre otras cosas.



Otra restricción es que los periodistas que acceden a ellas deben abstenerse de grabar o transmitir por cualquier medio dicha audiencia.



“Ningún derecho humano es absoluto. Todos los derechos contenidos en la Constitución y los Tratados Internacionales tienen un umbral que debe ser identificado frente a otros. Esos umbrales tienen un peso específico cuando se trata de ejercer una ponderación de derechos”, concluyó el Comisionado Presidente.

En el foro “Justicia Penal y Medios de Comunicación” también participaron os juristas José Díaz de León; Andrés de Anda Juárez; Stephanie Enríquez Valerio; Mariana Vázquez Bracho García y Carlos Daza Zaragoza.



Boletín: DCS/186/2021/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 16 de julio de 2021
  • Una persona solicitó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina información sobre todos y cada uno de los perfiles de puestos como “registrador” de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
  • Si bien la Consejería es incompetente para conocer de la información, debió indicarle a la persona cómo consultar la misma de oficio y canalizar la solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas: Comisionada Nava Polina.


Por unanimidad, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) instruyó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina remita una solicitud de información a la Secretaría de Administración y Finanzas relativa al padrón de personas registradoras de comercios.



De acuerdo con el proyecto de resolución del recurso de revisión INFOCDMX.RR.IP.0868/2021, una persona solicitó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales CDMX información sobre todos y cada uno de los perfiles de puestos como registrador de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Las personas registradoras son las encargadas de inscribir, anotar, suspender o denegar el servicio registral de propiedades, bienes inmuebles, comercios, además de que auxilian en el ejercicio de la fe pública registral.

En la exposición del recurso, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina explicó que, en su respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer de dicha solicitud y señaló que es competencia de la Dirección General de Administración de Personal y Uninómina, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas. También informó que las funciones del puesto de “registrador” se encuentran establecidas en el artículo 9 de la Ley Registral para la CDMX.



Al respecto, Nava Polina puntualizó que del estudio del caso se advirtió que la información requerida por la persona solicitante es una obligación de transparencia establecida en el artículo 121, fracción XVII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por referirse a información curricular y perfil de personas servidoras públicas.



“Si bien, efectivamente, la Consejería es incompetente para conocer de la información, debió indicarle a la persona cómo consultar la misma de oficio y canalizar la solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas”, aseguró.



Refirió que una de las atribuciones de las unidades de transparencia de los sujetos obligados es asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a las personas solicitantes.



La Comisionada Ciudadana recordó que canalizar y orientar a las personas en caso de incompetencia es parte del canal para que se garantice el derecho a saber, además sirve para construir confianza por las soluciones que ofrece.



Nava Polina invitó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales CDMX orientar a la persona solicitante sobre perfiles de las personas registradoras.



Boletín: DCS/187/2021/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 17 de julio de 2021
  • El órgano garante aprobó ocho criterios de interpretación cuyo propósito es, entre otros, orientar a los sujetos obligados en la atención a las solicitudes de información.
  • Con los Lineamientos para la Ejecución del Trabajo a Domicilio o Distancia se digitalizan los procesos laborales y se garantizan la salud e integridad del personal del Instituto.


Con la aprobación unánime de ocho criterios de interpretación y de los Lineamientos para la Ejecución de Trabajo a Domicilio o Distancia por parte del Personal del INFO CDMX, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sienta un precedente para otras instituciones porque pone al centro de cada determinación a las personas.



Con dichas acciones, el órgano garante de la capital del país se renueva y mantiene a la vanguardia cumpliendo con los deberes que le son conferidos; además de potenciar la cultura de la transparencia y protección de datos personales, garantiza con el trabajo a distancia la salud e integridad física de las personas servidoras públicas del Instituto.



La aprobación de los ocho criterios de interpretación tiene como propósito orientar a los sujetos obligados en la atención a las solicitudes de información, así como tomarlos en cuenta para futuras resoluciones; con ello, suman un total de 14 nuevos criterios que ayudarán a dotar de certeza jurídica a las personas recurrentes, a los sujetos obligados y a las propias resoluciones.



Los criterios aprobados durante la Décima Séptima Sesión Ordinaria fueron los siguientes:



  1. 1. Requisitos para que sea válida una respuesta complementaria.
  2. 2. Respuesta complementaria notificada por estrados.
  3. 3. Recurso de datos personales. Se desecha por improcedente cuando se agravia por falta de respuesta y existió una puesta a disposición y ratifica agravio al desahogar la prevención.
  4. 4. Si el solicitante en la presentación de su solicitud de acceso a la información pública señala como medio para oír y recibir toda clase de notificaciones una cuenta de correo electrónico, la respuesta por parte del sujeto obligado deberá notificarse a ese mismo medio señalado como indicado para recibir notificaciones, de lo contrario, se configurará la omisión de respuesta.
  5. 5. Acta de Comité de Transparencia. El sujeto obligado deberá emitir declaración formal de inexistencia de datos personales, así como de negativa de ejercicio de derechos ARCO.
  6. 6. Casos en los que procede prevención con el acompañamiento de la respuesta que el Sujeto Obligado otorgó a una solicitud de Información.
  7. 7. Autenticidad y validez de los documentos notificados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
  8. 8. Entrega de los anexos de los documentos solicitados.


    1. Los criterios pueden ser consultados ingresando a la siguiente liga electrónica



      Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (infocdmx.org.mx)



      Respecto a los Lineamientos para la Ejecución de Trabajo a Domicilio o Distancia, el colegiado local en su Décima Octava Sesión Ordinaria los aprobó con el objetivo de digitalizar los procesos y encontrar nuevas formas de trabajo que garanticen la salud e integridad del personal del INFO CDMX.



      El documento establece que, a partir de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se implementaron nuevas modalidades de trabajo a distancia que no requieren la presencia física de las personas servidoras públicas en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto, realización y supervisión de las funciones institucionales.



      Busca brindar seguridad para las personas servidoras públicas del INFO CDMX, los sujetos obligados y para la población en general.



      La pandemia generada por el SARS-CoV-2 que transformó al mundo, dejó de manifiesto la necesidad de crear nuevos modelos de trabajo para que las instituciones logren sus objetivos y proteja los derechos de las personas públicas y la ciudadanía en general.



      Los Lineamientos para la ejecución de trabajo a domicilio o distancia por parte del personal del INFO Ciudad de México, contemplan los siguientes rubros:



      • • Derechos y deberes de las personas servidoras públicas ante el trabajo a distancia;
      • • Instrumentos y herramientas de trabajo;
      • • Mecanismos de contacto y supervisión;
      • • Medidas de seguridad y de salud;
      • • El derecho a la desconexión digital.



      El INFO CDMX resuelve acciones en favor de las y los habitantes de la capital del país y continúa trabajando por los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, además de que impulsa la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.



Boletín: DCS/185/2021/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 16 de julio de 2021
  • El INFO CDMX organizó la mesa de diálogo “La utilidad social del derecho a saber”, como parte de las actividades del Diplomado que la Dirección de Capacitación realiza en coordinación con la UAM Xochimilco.
  • El derecho a saber ha ido avanzando y varias organizaciones de la sociedad civil han sido pioneras y activas en impulsarlo, así como en la defensa de los órganos autónomos y los derechos que tutelan: Comisionada San Martín.


Para analizar la situación actual del derecho de acceso a la información, a casi dos décadas de la promulgación de la primera ley de transparencia en el país, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) llevó a cabo la mesa de diálogo “La utilidad social del derecho a saber”.



Lo anterior, en el marco de la 11ª. Edición del Diplomado “Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México”, que la Dirección de Capacitación del Instituto y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, realizan de manera conjunta.



En el evento participaron como panelistas la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas y el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia en México Evalúa; y Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, quienes compartieron sus experiencias desde sus ámbitos de competencia y reconocieron la necesidad de fortalecer el derecho de acceso a la información.



Al dar la bienvenida a la mesa de diálogo, la Comisionada Ciudadana Marina San Martín Rebolloso, encargada de las actividades de capacitación al interior del INFO CDMX, comentó que este ejercicio es para complementar los conocimientos que se imparten en el Diplomado.



Subrayó que el derecho a saber ha ido avanzando y varias organizaciones de la sociedad civil han sido pioneras y activas en impulsarlo, así como en la defensa de los órganos autónomos y los derechos que tutelan.



Reconoció que el derecho de acceso a la información pública es muy poderoso, porque es un derecho llave para otros derechos, sin embargo, parece que aún es poco usado.



En estos años, dijo, se ha caminado de solo pedir información a los sujetos obligados a temas de gobierno abierto, que buscan fortalecer la alianza entre la sociedad civil y gobierno para que las políticas públicas sean útiles en la calidad de vida de las personas.



La Comisionada San Martín, quien moderó el evento, preguntó a los analistas cómo ha funcionado el derecho a saber en estos años; cómo ha servido para la ciudadanía; cuál ha sido su utilidad; qué camino debe seguir; qué consejos se pueden dar a los sujetos obligados para mejorar la comunicación con las personas, entre otras inquietudes.



Norma Julieta del Río, Comisionada del INAI, afirmó que el derecho de acceso a la información está consolidado y debe fortalecerse. Citó que en la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 se incrementó el porcentaje de la población que conoce o ha escuchado la existencia de una institución que garantiza ese derecho, pues pasó de 50.6% a 54.8%,



Informó que desde la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia en 2016 al 8 de julio pasado, la población ha presentado 4 millones 572 mil 827 solicitudes de acceso a la información, esto entre la PNT y el Sistema Infomex.



Del Río Venegas destacó el apoyo de la sociedad civil organizada, como Transparencia Mexicana, Artículo 19 o México Evalúa, porque han ayudado a que los órganos de transparencia tengan más impacto entre la sociedad.



Adrián Alcalá, Comisionado del INAI, admitió que, si bien hay avances y resultados muy valiosos, existen áreas de oportunidad que vale explorar para poder mejorar nuestras acciones; “debemos profundizar, identificar, adaptar y replicar las mejores prácticas”.



Para ejercer este derecho -añadió- aún existe una burocracia que se resiste a la entrega de la información, por lo que se necesita de capacitación a las personas servidoras públicas. “Es importante la capacidad de obtener y hacer uso de la información para incidir en el entorno respectivo, ya sea a través de los asuntos más modestos o individuales, o de aquellos casos más sofisticados y grandes”.



Consideró que, en la actualidad, una democracia moderna no se puede explicar sin el ejercicio pleno del derecho a saber, que es, a su vez, un potenciador de la rendición de cuentas, además de que posibilita otros derechos humanos.



Por su parte, la investigadora Chrístel Rosales refirió que debemos transitar de las solicitudes de información a su aprovechamiento por parte de las personas. “Hoy nos enfrentamos a la pregunta de cuáles son las capacidades que requiere la población para aprovechar la información pública de las instituciones”, puntualizó.



Aseguró que existen restricciones o barreras para el acceso a la información como, por ejemplo, cuando se entrega información que corresponde a solo una parte de lo solicitado; cuando lo entregado por los sujetos obligados no facilita su uso o aprovechamiento; cuando existe ambigüedad en las respuestas; o cuando se amplían los plazos de respuesta como una apuesta por el desechamiento.



Por lo anterior, Rosales consideró que existe una agenda de mejora para el derecho a saber en la que se incluyan algunos de los siguientes aspectos: transparencia proactiva; un pronunciamiento del Estado en contra del ocultamiento o destrucción de la información; controles para evitar las malas prácticas por parte de las unidades de transparencia; difundir casos de éxito en los que la información resultó útil porque generó un beneficio colectivo; o llevar a cabo ejercicios de revisión de solicitudes de información para saber qué se puede mejorar.



Finalmente, Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, abordó el tema de hacia dónde va el derecho a saber. Admitió que se requiere de un cambio profundo en la materia: “Tenemos que plantearnos metas radicales y transformadoras porque nos enfrentaremos a resistencias por parte de los actores políticos, congresos, partidos, gobiernos, así como a inercias institucionales”.



Se pronunció por romper el gradualismo en materia de acceso a la información pública. “Debemos romper la inercia cognitiva y la inercia institucional para replantearnos este derecho, para que en verdad este le sirva a las personas, porque si bien hay experiencias de éxito que abonan, también hay una sensación de poco movimiento y eso me preocupa”.



Lo que nos reclama -insistió Bohórquez- es que se sienta la ambición de las personas que creemos en el derecho a saber para que la agenda se revitalice y no sea comparsa de la sensación de que falta mucho, pero avanzamos.



“Los agravios no se están corrigiendo, esa es la sensación: de impunidad. El derecho a saber es artificial, es para unos cuántos, no corresponde a la energía cívica de quienes creemos en él, por eso debemos dejar atrás el gradualismo, el confort y la idea de que el derecho a saber puede esperar”, concluyó.



Como invitados especiales a la mesa de diálogo asistieron, de manera virtual, Ilian Fabiola Maldonado Salvador, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; Roxana M. Cuesta Romero, de la Contraloría Interna de la Comisión de Derechos Humanos capitalina; Irma Guadalupe García Mendoza, Consejera del Consejo de la Judicatura de la CDMX; Edwin Meráz Ángeles, Auditor Superior Ciudad de México; y Amelia Lucía Martínez Portillo, Comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.