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El INFO CDMX organizó la mesa de diálogo “La utilidad social del derecho a saber”, como parte de las actividades del Diplomado que la Dirección de Capacitación realiza en coordinación con la UAM Xochimilco.
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El derecho a saber ha ido avanzando y varias organizaciones de la sociedad civil han sido pioneras y activas en impulsarlo, así como en la defensa de los órganos autónomos y los derechos que tutelan: Comisionada San Martín.
Para analizar la situación actual del derecho de acceso a la información, a casi dos décadas de la promulgación de la primera ley de transparencia en el país, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) llevó a cabo la mesa de diálogo “La utilidad social del derecho a saber”.
Lo anterior, en el marco de la 11ª. Edición del Diplomado “Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México”, que la Dirección de Capacitación del Instituto y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, realizan de manera conjunta.
En el evento participaron como panelistas la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas y el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Chrístel Rosales, investigadora del Programa de Justicia en México Evalúa; y Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, quienes compartieron sus experiencias desde sus ámbitos de competencia y reconocieron la necesidad de fortalecer el derecho de acceso a la información.
Al dar la bienvenida a la mesa de diálogo, la Comisionada Ciudadana Marina San Martín Rebolloso, encargada de las actividades de capacitación al interior del INFO CDMX, comentó que este ejercicio es para complementar los conocimientos que se imparten en el Diplomado.
Subrayó que el derecho a saber ha ido avanzando y varias organizaciones de la sociedad civil han sido pioneras y activas en impulsarlo, así como en la defensa de los órganos autónomos y los derechos que tutelan.
Reconoció que el derecho de acceso a la información pública es muy poderoso, porque es un derecho llave para otros derechos, sin embargo, parece que aún es poco usado.
En estos años, dijo, se ha caminado de solo pedir información a los sujetos obligados a temas de gobierno abierto, que buscan fortalecer la alianza entre la sociedad civil y gobierno para que las políticas públicas sean útiles en la calidad de vida de las personas.
La Comisionada San Martín, quien moderó el evento, preguntó a los analistas cómo ha funcionado el derecho a saber en estos años; cómo ha servido para la ciudadanía; cuál ha sido su utilidad; qué camino debe seguir; qué consejos se pueden dar a los sujetos obligados para mejorar la comunicación con las personas, entre otras inquietudes.
Norma Julieta del Río, Comisionada del INAI, afirmó que el derecho de acceso a la información está consolidado y debe fortalecerse. Citó que en la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 se incrementó el porcentaje de la población que conoce o ha escuchado la existencia de una institución que garantiza ese derecho, pues pasó de 50.6% a 54.8%,
Informó que desde la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia en 2016 al 8 de julio pasado, la población ha presentado 4 millones 572 mil 827 solicitudes de acceso a la información, esto entre la PNT y el Sistema Infomex.
Del Río Venegas destacó el apoyo de la sociedad civil organizada, como Transparencia Mexicana, Artículo 19 o México Evalúa, porque han ayudado a que los órganos de transparencia tengan más impacto entre la sociedad.
Adrián Alcalá, Comisionado del INAI, admitió que, si bien hay avances y resultados muy valiosos, existen áreas de oportunidad que vale explorar para poder mejorar nuestras acciones; “debemos profundizar, identificar, adaptar y replicar las mejores prácticas”.
Para ejercer este derecho -añadió- aún existe una burocracia que se resiste a la entrega de la información, por lo que se necesita de capacitación a las personas servidoras públicas. “Es importante la capacidad de obtener y hacer uso de la información para incidir en el entorno respectivo, ya sea a través de los asuntos más modestos o individuales, o de aquellos casos más sofisticados y grandes”.
Consideró que, en la actualidad, una democracia moderna no se puede explicar sin el ejercicio pleno del derecho a saber, que es, a su vez, un potenciador de la rendición de cuentas, además de que posibilita otros derechos humanos.
Por su parte, la investigadora Chrístel Rosales refirió que debemos transitar de las solicitudes de información a su aprovechamiento por parte de las personas. “Hoy nos enfrentamos a la pregunta de cuáles son las capacidades que requiere la población para aprovechar la información pública de las instituciones”, puntualizó.
Aseguró que existen restricciones o barreras para el acceso a la información como, por ejemplo, cuando se entrega información que corresponde a solo una parte de lo solicitado; cuando lo entregado por los sujetos obligados no facilita su uso o aprovechamiento; cuando existe ambigüedad en las respuestas; o cuando se amplían los plazos de respuesta como una apuesta por el desechamiento.
Por lo anterior, Rosales consideró que existe una agenda de mejora para el derecho a saber en la que se incluyan algunos de los siguientes aspectos: transparencia proactiva; un pronunciamiento del Estado en contra del ocultamiento o destrucción de la información; controles para evitar las malas prácticas por parte de las unidades de transparencia; difundir casos de éxito en los que la información resultó útil porque generó un beneficio colectivo; o llevar a cabo ejercicios de revisión de solicitudes de información para saber qué se puede mejorar.
Finalmente, Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, abordó el tema de hacia dónde va el derecho a saber. Admitió que se requiere de un cambio profundo en la materia: “Tenemos que plantearnos metas radicales y transformadoras porque nos enfrentaremos a resistencias por parte de los actores políticos, congresos, partidos, gobiernos, así como a inercias institucionales”.
Se pronunció por romper el gradualismo en materia de acceso a la información pública. “Debemos romper la inercia cognitiva y la inercia institucional para replantearnos este derecho, para que en verdad este le sirva a las personas, porque si bien hay experiencias de éxito que abonan, también hay una sensación de poco movimiento y eso me preocupa”.
Lo que nos reclama -insistió Bohórquez- es que se sienta la ambición de las personas que creemos en el derecho a saber para que la agenda se revitalice y no sea comparsa de la sensación de que falta mucho, pero avanzamos.
“Los agravios no se están corrigiendo, esa es la sensación: de impunidad. El derecho a saber es artificial, es para unos cuántos, no corresponde a la energía cívica de quienes creemos en él, por eso debemos dejar atrás el gradualismo, el confort y la idea de que el derecho a saber puede esperar”, concluyó.
Como invitados especiales a la mesa de diálogo asistieron, de manera virtual, Ilian Fabiola Maldonado Salvador, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; Roxana M. Cuesta Romero, de la Contraloría Interna de la Comisión de Derechos Humanos capitalina; Irma Guadalupe García Mendoza, Consejera del Consejo de la Judicatura de la CDMX; Edwin Meráz Ángeles, Auditor Superior Ciudad de México; y Amelia Lucía Martínez Portillo, Comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.
