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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Boletín: DCS/178/20/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 19 de septiembre de 2020
  • En la primera mesa del Foro Internacional “El Derecho a la Información en la Era Digital y la Protección de otros Derechos Humanos” especialistas ahondaron sobre la importancia de hacer llegar a todas las personas el derecho de acceso a las nuevas tecnologías con el objetivo de brindar una mayor y mejor asistencia jurídica y social.
  • Marina San Martín Rebolloso, Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, aseguró que el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho y obviamente no puede ir sin el acceso a la información.
  • Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, señaló que las personas aprenden de la mano de las autoridades para ver qué es lo que se debe hacer a fin de lograr la seguridad y protección de los datos personales en lo digital.


Personas expertas nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, con experiencia en la protección de datos personales coincidieron en que la llegada del Covid-19 agilizó los trabajos que se desarrollan sobre la justicia digital en diversos países, entre ellos México.



Durante su participación en el Foro Internacional “El Derecho a la Información en la Era Digital y la Protección de otros Derechos Humanos”, las personas especialistas coincidieron, con sus matices, en la importancia de hacer llegar a todas las personas el derecho de acceso a las nuevas tecnologías con el objetivo de brindar una mayor y mejor asistencia jurídica y social.



La Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), Marina San Martín Rebolloso, aseguró que el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho y este no puede ir sin el acceso a la información.



Al moderar el panel “Derecho de Acceso a la Información y Acceso a la Justicia”, Marina San Martín citó un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual señala que 5.5 mil millones de personas no tenían acceso a servicios básicos de justicia, siendo mujeres, niños, niñas, personas con mayor pobreza y discapacitadas, las que enfrentan mayor problemática.



Expuso que 235 millones de personas viven en condiciones de injusticia extrema; 1.5 mil millones de personas no pueden resolver sus problemas jurídicos y judiciales y 1.5 mil millones de personas también están excluidas de oportunidades que la ley les debería facilitar.



San Martín Rebolloso señaló que la justicia ya está transitando a la parte digital y la pandemia ha acelerado el proceso mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s).



En su oportunidad, Alexandra Sandoval Mantilla, magistrada de Sala en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia y Coordinadora de la Comisión de Género en esa Jurisdicción, se refirió a la justicia transicional como aquella que se hace presente cuando hay procesos de transición en alguna nación, por ejemplo, al pasar de una dictadura a una democracia o cuando hay un conflicto armado y se pasa a un acuerdo de paz y que con ese esquema se busca aportar a la reconciliación nacional y superar definitivamente los conflictos.



Al respecto, expresó que diversos países han recogido principio de máxima divulgación durante dichos procesos judiciales, en el entendido de que toda la información derivada de ese mecanismo es pública.



En procesos judiciales, explicó Sandoval Mantilla, otros derechos están de por medio al aplicarse la justicia transicional como la protección de datos personales a víctimas de algún delito.



Durante su participación, Juan Pablo Olmedo Bustos, Cofundador, Presidente de la Fundación Pro Acceso y referente en el emblemático Caso de la “Última tentación de Cristo” catalogó el derecho de acceso a la información y el de acceso a la justicia como dos derechos que apenas estamos descubriendo.



Mencionó que el Covid-19, y en el caso específico Chile con el estallido social de 2019, ha generado un estrés social que aceleró un proceso de adecuación a las nuevas tecnologías, lo cual ha sido bien recibido, no obstante existen problemas con las garantías del debido proceso. Sin embargo, son problemas que con una mayor madurez serán resueltos.



Destacó que derivado de estos eventos, en caso de Chile el Ministerio de Justicia ha generado la creación de plataformas digitales para consultas públicas, las cuales deberán tener un seguimiento institucional a fin de mantenerlas visibles y generar confianza ciudadana.



En su intervención, Juan Carlos Paz Mena, Ex Secretario de Amnistía Internacional y Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Ecuador señaló que se avanza para que existan marcos legales que permitan la digitalización de la justicia, destacando que avanzar hacia esa ruta mejorará el acceso a los servicios de justicia en línea y a su vez implica una reducción en los costos de los servicios de justicia.



Paz Mena, comentó que la transparencia mejora el acceso a la justicia y reduce las posibilidades de corrupción, por ello la importancia de que jueces y operadores de justicia trabajen en este nuevo esquema de la era o justicia digital.



Durante su ponencia, Rosa María Cruz Lesbros, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, puntualizó que la justicia digital o electrónica tiene que ver con una mayor expedites de los procesos y el combate a la corrupción.



A manera de ejemplo, detalló que cuando los asuntos están ya en una computadora no se puede sobornar a la máquina. Por ello -dijo- se necesitan hacer cambios legislativos que den certeza a los que les toca ser juzgadores y a las partes involucradas en el proceso jurídico.



Enfatizó en que la justicia digital llegó para quedarse, para combatir la corrupción y alcanzar a más población.



Durante la moderación del Segundo Panel, denominado” Datos Personales, Seguridad y Delitos”, la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, Elsa Bibiana Peralta Hernández, señaló que el hecho de que el ciberacoso esté tipificado como delito es un avance que queda en lo local, recalcando que aún falta por avanzar, ya que hay mucha impunidad en estas conductas y el siguiente paso es no ampararla por el anonimato y tampoco por la falta de normativa internacional o coordinación de las autoridades.



Peralta Hernández subrayó que en esta era digital debemos aprender a cuidar nuestra información de cualquier circunstancia, ya sea que nosotros lo propiciemos o sean otros.



Christian A. S. Perrone de Oliveira, investigador senior del Instituto de Tecnología y Sociedad de Rio de Janeiro y ex-Secretario del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señaló que cuando se reflexiona sobre la protección de los datos personales también se habla de una situación compleja, especialmente en estos momentos de pandemia mundial por cómo se deben tratar los datos personales.



Indicó que una paradoja actual es que la mayoría de las personas sí quieren la protección cibernética, pero no saben garantizar ellas mimas su propia seguridad, ni la de sus datos.



Reflexionó sobre el intento de regulación global del acceso a datos personales y el intento de regulación de un Estado para el control de los datos dentro de su propio territorio, en virtud de la complejidad en el tratamiento de los datos personales.



En su intervención, Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, Diputada del Congreso de la Ciudad de México y precursora de la Ley Olimpia, comentó que con la revolución tecnológica cambió nuestra forma de relacionarnos; ya que las redes sociales facilitan la comunicación e interacción, pero también son un medio digital peligroso porque afecta todas nuestras actividades incluyendo la íntima y llega a niveles de generar violencia de género.



“Se hackean correos, dispositivos electrónicos, nubes o cuentas con el objetivo de obtener información para amenazarnos o extorsionarnos. Los hombres utilizan los medios digitales para hacer negocio a costa de nuestra intimidad y sufrimiento. La violencia digital es una forma de violencia contra las mujeres”, explicó.



Aseguró que para combatir la violencia digital de género es indispensable la unión de todos los sectores y es la sociedad civil quien pone el ejemplo de ello.



Miriam Padilla Espinosa, Subdirectora de Seguridad de Datos Personales del Sector Privado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), explicó que las tecnologías van avanzando cada vez más y debemos tomar en cuenta cómo protegernos, ya que como usuarios exponemos información sin advertencia previa de cómo se utiliza.



“Hay que reforzar los elementos que debemos tener presentes para hacer un uso adecuado de la tecnología; debemos incorporar el enfoque digital, garantizando que se proteja nuestra información y conociendo nuestros derechos. Asimismo, es importante identificar que podemos estar ante situaciones como el Covid-19 que implicarán un tratamiento de datos personales en nuevos entornos y debemos adecuar nuestras estrategias de protección de datos y de seguridad de la información, considerando que existen amenazas que quizá ya estaban presentes, pero cambian a un entorno en el que emplean la tecnología para obtener información personal”.



Norma Solano Rodríguez, Directora General de Operación Institucional de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), expuso el gobierno de la Ciudad de México ha impulsado plataformas digitales en beneficio de los ciudadanos mediante datos abiertos en los que se puede observar a detalle el presupuesto, el manejo de los programas sociales o bien decidir sobre proyectos o acciones que impactarán en sus vidas.



Explicó que esas políticas de gobierno abierto siempre buscan proteger los datos personales de las personas. Asimismo, indicó que la emergencia sanitaria obligó a acelerar procesos tecnológicos, como el plan digital que se tenía previsto iniciar dentro de dos años.



Solano Rodríguez destacó que, entre los temas de digitalización, se generó una Cédula Ciudadana, la cual es una ficha de todos los documentos personales que obran en poder de los entes públicos y permite a los ciudadanos ubicar en dónde se encuentran, esto con el fin de generar menos cargas administrativas y agilizar trámites y servicios en la capital del país.



Señaló que en la ADIP los desarrollos creados tienen como principio base la privacidad: no solicitar más datos de los necesarios y vigilar que en las plataformas no se vulneren los datos personales de las personas.