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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Boletín: DCS/150/2020/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 26 de agosto 2020
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  • El presidente del TSJCDMX, Magistrado Rafael Guerra Álvarez, solicitó al Congreso capitalino legisle para dotar del marco jurídico necesario para que las herramientas tecnológicas se complementen con los mecanismos de la justicia presencial.
  • En los próximos días enviaremos al Poder Legislativo un paquete de reformas para regularizar los juicios en línea en materia administrativa, anunció el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Magistrado Jesús Anlen Alemán.


Como parte de la segunda jornada del Foro Virtual “Justicia electrónica. Retos y oportunidades”, magistrados, legisladores y expertos debatieron acerca de los temas de “Juicios en línea” y “Procedimientos electrónicos (litigios, denuncias, mediación, audiencias, convivencia y otros)”, en un contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.



El Foro es organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), a través de la ponencia de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peral Hernández, el Congreso capitalino y la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla.



El Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), explicó cuáles son las adecuaciones en trámites e innovaciones con las que el Poder Judicial cuenta debido al confinamiento por la emergencia sanitaria, en aras de proteger la salud y la vida de las personas servidoras públicas y los justiciables.



Detalló que se puso a disposición de las personas las siguientes herramientas tecnológicas: firma electrónica; sello y documento electrónico para elaboración de demandas, escritos, promociones, actuaciones judiciales; oficina virtual de oficialía de partes común; notificaciones electrónicas; videoconferencias; sistema de turno automático para la atención de usuarios; celebración de audiencia a distancia; trámites en línea ante el archivo judicial y citas electrónicas, entre otras.



Dijo que las anteriores medidas se implementaron a pesar de no estar previstas en el ordenamiento legal, por lo que solicitó al Poder Legislativo dotar al Poder Judicial del marco jurídico expreso para que las herramientas tecnológicas se complementen con los mecanismos de la justicia presencial, en aras de seguir garantizando la protección y el ejercicio de los derechos humanos.



El doctor Guerra Álvarez aclaró que este llamado no debe interpretarse como una invasión a la competencia legislativa, sino que se trata de adecuar a la nueva realidad los mecanismos de procuración de justicia, para que lo que se hace en forma presencial se haga a distancia. “Deben emitirse disposiciones que respalden el acceso a la tecnología en materia de justicia”, reiteró.



Por su parte, el Magistrado Jesús Anlen Alemán, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, reconoció que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son un factor eficaz para hacer más eficientes los procesos jurisdiccionales.



Destacó que durante el periodo de confinamiento las labores del Tribunal no se detuvieron porque no sólo se implementó el trabajo a distancia, sino porque se creó el sistema de pre-registro de demandas y promociones de manera electrónica; se puso en operación la guardia digital presencial; en la unidad de trasparencia se planificó una estrategia para continuar su labor mediante las TICs, entre otras actividades.



En la actual situación -añadió-, avanzar en la justicia digital ya no es un desafío sino una obligación que demanda, en el ámbito del derecho, acercar las instituciones a las personas.



Anlen Alemán adelantó que en los próximos días enviarán al Congreso de la Ciudad de México un paquete de reformas para regularizar los juicios en línea, con lo que se ejercerá por primera vez la atribución que tiene el TJA de presentar iniciativas de ley relacionadas con su materia.



En su oportunidad, el Presidente del Tribunal Electoral de la CDMX, Magistrado Gustavo Anzaldo Hernández, informó que como resultado del confinamiento se implementó una oficialía de partes de manera virtual, mediante la cual se recibieron ocho medios de impugnación, tres juicios federales y más de un centenar de promociones diversas.



También aprobamos lineamientos para llevar a cabo reuniones de trabajo a distancia y para la realización de las sesiones públicas de manera virtual, con lo que cumplimos nuestra obligación de publicitar las resoluciones y medidas adoptadas, agregó.



El Magistrado Anzaldo Hernández informó que se está en un proceso de notificaciones electrónicas mediante una plataforma que cumpla con los principios de certeza jurídica; no obstante, reconoció que el Tribunal Electoral presenta un retraso respecto a otras autoridades en la implementación de mecanismos y herramientas de justicia en materia digital.



Refirió que aún no tenemos las condiciones para hablar de un esquema de justicia digital, hay un avance para ciertos actos procesales, pero son de carácter extraordinario y para darle solución a una situación emergente, pero la justicia digital debe aplicarse con principios y reglas que prevean nuestra normatividad.



El Diputado Eduardo Santillán Pérez, Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, coincidió en que sí se requiere de un marco jurídico nacional para implementar la justicia electrónica.



Hizo un llamado al Congreso de la Unión para que se puedan llevar a cabo de manera urgente reformas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y al Código Nacional de Procedimientos Penales, para contar con un sustento constitucional y legal sólido para todos los procedimientos electrónicos en todas las legislaciones locales.



El legislador destacó que, en materia de justicia en línea, se requieren inversiones en materia de infraestructura electrónica que permitan el desahogo de los procesos, es decir, digitalizar todos los expedientes, documentos, etcétera, pero siempre garantizando todo el proceso para evitar los llamados delitos cibernéticos.



Por su parte, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, José Antonio Peña Merino, hizo un breve recuento de los trabajos realizados en materia de acceso a la justicia por medios digitales. Reconoció que no se puede hablar de inclusión digital sin garantizar un mejor acceso a internet, como el wifi gratuito que se instaló en la Ciudad.



Se han habilitado 13 mil 700 puntos de conexión, lo que hace a la CDMX como la segunda ciudad con mayor acceso público a internet gratuito en todo el mundo, sólo después de Moscú.



Peña Merino detalló el programa de Denuncia digital y la utilización de la “Llave CDMX”, con la que se puede iniciar una carpeta de investigación en línea, o autenticar la identidad de las personas para realizar una denuncia digital de los diferentes delitos integrados. Con esta herramienta -dijo-, se pretende disminuir la asistencia de los denunciantes a las agencias del ministerio público, así como facilitar los mecanismos de denuncia para reducir la cifra negra de delitos.



Para el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la CDMX, la pandemia por Covid-19 ha paralizado uno de los pilares en los que se fundamenta el Estado democrático de derecho: el Poder Judicial.



Sumado a ese escenario -añadió-, nuestras instituciones judiciales tienen diversas carencias como los expedientes escritos y procedimientos largos y costosos, lo que evidencia que se requieren cambios profundos para su modernización. Norberto Sánchez consideró que este momento representa una oportunidad para presentar mecanismos que puedan mejorar el acceso a la justicia y adaptarnos a la nueva normalidad judicial.



El Presidente de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra del Congreso de la Ciudad, Diputado Diego Garrido López, refirió que el que cerraran los tribunales por la crisis del coronavirus generó un rezago natural en más de 200 mil expedientes, lo cual representa un gran reto para la administración y procuración de justicia.



Reconoció que se debe reactivar la justicia con reformas en materia de justicia digital para que tenga rango constitucional, y así la tecnología facilite al ciudadano y las personas servidoras públicas a desahogar este rezago. “Se busca que existan juzgados y tribunales virtuales, siempre dando la opción de la vía presencial, pero que también se abra la opción digital”, consideró el legislador.



Edmundo Vásquez Martínez, Juez 47 Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia capitalino, afirmó que los objetivos que debe tener la justicia electrónica deben ser: a) agilización de los procedimientos y b) disminución de la presencia de las partes ante el órgano jurisdiccional.



Consideró que el uso de un correo electrónico, la utilización del internet, los expedientes digitales, los juicios en línea y el uso de la llamada inteligencia artificial forman parte de las etapas de la justicia electrónica. “La transición a la justicia electrónica nos llevará a una impartición de justicia más ágil y segura para todos los ciudadanos”, dijo.



Por último, Jorge Nader Kuir, Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, admitió que las crisis, como la emergencia sanitaria por Covid-19, también sirve para el mejoramiento de nuestro mundo y de nosotros como raza humana en todas las manifestaciones de nuestra conducta, y una de ellas tiene que ver con la impartición de la justicia penal.



Dijo que la “tecnologización” de la justicia busca poner a las herramientas de las TICs al servicio de la ciudadanía, algo que no hace mucho tiempo sonaba inverosímil o complicado de comprender.