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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Boletín: DCS/145/2020/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 20 de agosto 2020
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  • El razonamiento humano debe plasmarse en sentencias muy claras y precisas que les permitan a las personas no sólo acceder a la justicia, sino también a entenderla, aseguró la Comisionada Ciudadana del INFO.
  • Se realizó la segunda mesa del Foro Virtual “Justicia Electrónica. Retos y Oportunidades”, organizado por el Instituto, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX y la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla.


Los que estamos de este lado de la justicia no debemos ver cómo queremos hacer mejor nuestro trabajo, sino más bien qué es lo que necesitan las personas que se encuentran del otro lado para llegar a ella, porque muchas veces las herramientas que se desarrollan no les facilitan la posibilidad de su acceso, aseguró Elsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).



Aclaró que los órganos legislativos, ejecutivos, autónomos y aquellos que tienen que ver con la administración pública, trabajan en un ejercicio transversal para que todo funcione, “y tener una empatía con el justiciable en cualquiera de las ramas que nos toque desarrollarnos”.



La Comisionada Ciudadana participó en el Foro Virtual “Justicia Electrónica. Retos y Oportunidades”, organizado por el INFO, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX y la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Puebla.



Peralta Hernández explicó que, en el tema de justicia, la ventana de la transparencia se da por dos vías: desde el que la imparte al justiciable y viceversa; desde el punto de vista del impartidor de justicia no es sólo el garantizar el derecho a ella, también las herramientas que le permitan a las personas ese acceso, como el debido proceso, entre otras, porque son las que van a garantizar que las personas puedan acceder”.



En el panel dos denominado “Procedimientos electrónicos (litigios, denuncias, mediación, audiencias, convivencia y otros)”, la Comisionada Ciudadana comentó que el derecho de acceso a la justicia es la parte sustantiva que tiene que ver con el pensamiento que se plasma por parte de los juzgadores para emitir una sentencia, y eso espero que nunca sea electrónico, todo lo demás sí, pero el razonamiento humano no, y ese razonamiento debe plasmarse en sentencias muy claras y precisas que le permitan a las personas acceder a esa justicia, pero primero a entenderla.



“Puede ser que tengamos una sentencia preciosa, pero si la gente no entiende que eso le está favoreciendo y cómo le está favoreciendo, tendríamos un tema pendiente; hay que lograr empatía”, subrayó.



Alfredo Reyes Kraff¬t, Socio Lex Inf IT Legal Advisor y Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, precisó que la firma electrónica sirve como un medio para expresar el consentimiento, “es decir, de sumir el contenido de un documento en el que se estampa”; la firma constituye la exteriorización de la declaración de voluntad de una persona, por ello se puede decir que toda firma implica un consentimiento.



Señaló que hay países que cuentan con leyes sobre el tema, pero casi no la usan como Venezuela; o aquellos que no tienen legislación, pero usan la firma electrónica como Cuba y 144 países que tienen ley y además la utilizan; en el caso de México, que cuenta con normatividad, existe en los sectores público y privado.



Reyes Kraff¬t dijo que uno de los problemas que ha enfrentado la justicia en línea en el país es la falta de homologación normativa en cuanto a la firma electrónica avanzada, pues hasta el momento se tienen que tramitar certificados digitales en cada estado.



En su intervención, la Magistrada María de Lourdes Dib y Álvares, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, señaló que la justicia electrónica, la pandemia actual y la nueva normalidad representan un parteaguas y un reto.



Recordó que a lo largo de la historia jurídica de México hubo cambios en la estructura legal “muy fuertes”, que removieron los cimientos de la configuración jurídica del país, pero en el 2020 la pandemia vino a transformar todo.



“En la actualidad, los abogados estarán incompletos sin el conocimiento electrónico, como si no tuviera una Constitución política, independientemente del litigio en el que se desarrolle, todas y todos, estudiantes, litigantes, ministros, magistrados, jueces, profesores, debemos entrar de lleno a esta nueva normalidad de la justicia”.



La justicia tradicional no va a desaparecer, pero se deberá innovar en cuestión de tecnología, subrayó la titular del TJA.



Por su lado, la Diputada Local en la LX Legislatura, Vianey García Romero, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de Puebla, señaló que existe mucho rezago en el acceso a la justicia en el país, no sólo en la era digital.



Comentó que el derecho digital acompaña a la pandemia y tenemos que sobrevivir a éste como otra nueva realidad en una disciplina que nació como consecuencia de dos circunstancias; la primera, de contar con una respuesta jurídica precisa para toda actividad relacionada con los servicios de la sociedad de la información y comunicación, y, en segundo lugar, el efecto del Internet que ha dado pauta a la innovación del derecho.



“Pero la realidad es diversa y es que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ubicó en la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, la más reciente de 2019, establece que hay 80.6 millones de usuarios de Internet, lo que representa un 70.1% de la población de seis años o más, de estos el 51.6% son mujeres y el 48.4% son hombres. En Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Suecia, nueve de cada diez personas son usuarias de internet, mientras que en nuestro país la proporción es siete de cada diez personas”, informó.



La Diputada reconoció que existe la necesidad desarrollar proyectos digitales acompañados desde la empatía, “desde entender que la persona que está frente a nosotros tiene un contexto completamente adverso, diferente al que nosotros vivimos y partir de poder hacer y actuar no desde el privilegio, sino visibilizando que las personas que buscan el acceso a la justicia puedan ser garantizados de manera eficiente”.



En su intervención, Oscar Raúl Puccinelli, doctor en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, señaló que desafortunadamente llegó la pandemia, pero le dio un impulso a lo digital, “y ahora estamos volcando todo a los sistemas de información electrónicos que en muchas ocasiones salen del ámbito del intranet, que pasan por internet y que pueden ser hackeados por una cantidad de personas, lo que genera peligros importantes”.



Al respecto, refirió las reglas de “Heredia”, reglas mínimas para la difusión de información judicial en Internet, como la finalidad, derecho a la oposición del interesado, adecuación al fin y el balance entre transparencia y privacidad.



Para el especialista, una de las reglas más importantes es que los jueces emitan sentencias pensando en la versión pública; “hay que capacitar en el Poder Judicial para que se difundan en ese sentido las resoluciones”.



La moderadora Norma Pimentel Méndez, Presidenta de la Barra de Abogados Capítulo Puebla, reconoció la importancia de promover la cultura de la legalidad en foros como este; pero la verdadera responsabilidad consiste en que desde la trinchera en la que nos encontremos, al ser expertos y expertas de la materia legal, tenemos la responsabilidad de promoverla en el lenguaje más accesible y sencillo para los usuarios, para nuestros clientes y para quienes están solicitando la necesidad de promover cualquier acción en la vía jurisdiccional.



El derecho -dijo- es una herramienta que tiene por objetivo ayudar a las personas a apropiarse de sus derechos humanos.



Para cerrar los trabajos de la mesa dos, el Diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, afirmó que las y los ponentes mostraron un “importante y enriquecedor” análisis de los temas vertidos en el Foro.



“Creo nuevamente hacer un ejercicio muy importante para que la norma jurídica se adapte a la realidad y se convierta en un instrumento de respaldo y apoyo”.



Un gran reto -añadió-, será el cómo poder ajustar los códigos procedimentales a esta nueva realidad y que, al mismo tiempo, esos instrumentos se conviertan cada vez en ejercicios más importantes e interesantes. Expresó que los temas abordados en los trabajos servirán para la creación de una política pública en el tema de la justicia digital.



Los trabajos del Foro Virtual “Justicia Electrónica. Retos y Oportunidades” continuarán el próximo miércoles 26 de agosto.